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La Ley de la Cadena Alimentaria, su impacto en Castilla y León, organizada por la Unión Regional de Cajas Rurales y Vitartis.07/05/2015

Más de 300 personas de la Industria regional y el sector financiero se sumaron masivamente a esta iniciativa cuyo objetivo paso por poner en claro las bases para el impulso de la Industria Agroalimentaria regional en el nuevo escenario económico.

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El Museo de la Ciencia de Valladolid registró un lleno total en la jornada sobre La Ley de la Cadena Alimentaria, su impacto en Castilla y León’ organizada por la Unión Regional de Cajas Rurales y Vitartis.

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, destacó que la industria agroalimentaria engloba a 3.073 empresas en Castilla y León con una cifra de negocio que alcanza los 10.100 millones, lo que supone el 27,5% de las ventas de todo el sector industrial regional y la sitúa entre las 3 primeras comunidades autónomas en producción de alimentos de España, durante la clausura de la jornada.

En dicha jornada participaron: Félix Moracho, presidente de Vitartis quien reivindicó el papel de la agrupación como interlocutor válido ante las administraciones y organizaciones profesionales agrarias.

Obdulio Barba, en calidad de presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León afirmó que las cajas rurales "somos agentes activos en la vertebración de nuestra región desde las provincias, somos la otra forma de hacer banca".

Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva, que reafirmó la apuesta de la entidad y de las cajas rurales de Castilla y León por la agroalimentación como sector estratégico y subrayó la fortaleza de las cooperativas de crédito que no han percibido, ni siquiera solicitado, ayudas públicas en la vorágine del sector financiero durante la crisis.

Para finalizar el socio de Garrigues, Daniel Parejo, abordó las obligaciones formales que señala la Ley de la Cadena Alimentaria asegurando que la Ley propicia la autorregulación de sector mediante códigos de buenas prácticas voluntarios, por ello recomendó a cada empresa que establezca un programa de cumplimiento, cuyo cumplimiento evitaría sanciones que oscilan de los 3.000 al millón de euros.