La crisis sanitaria derivada del impacto del COVID-19 está afectando de forma muy negativa y a escala mundial, no solo en el ámbito social, sino también en el económico, especialmente a los trabajadores y a las empresas de tamaños, sectores y localizaciones muy diversas. En este último aspecto, tanto los gobiernos como las principales autoridades supranacionales han desarrollado durante las últimas semanas diferentes medidas económicas con el objetivo de (i) garantizar la financiación y supervivencia de las empresas que han visto paralizada o mermada de forma significativa su actividad, así como de (ii) proteger a los ciudadanos más vulnerables en esta situación, entre los que se encuentran aquellos que tienen que hacer frente al pago de la deuda hipotecaria.

1.  Línea de avales para empresas y autónomos, por un valor de 100.000 millones de euros.
2.  Incremento de la capacidad de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de hasta 10.000 millones de euros para la financiación de las Líneas de ICO ya existentes.
3.  Establecimiento de una línea extraordinaria de cobertura aseguradora por parte del CESCE para las empresas exportadoras.

• En primer lugar, en términos de liquidez, la Comisión Europea ha flexibilizado su marco de actuación, permitiendo combinar ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales con las ayudas en forma de garantías sobre préstamos. Además, el aumento de la capacidad de endeudamiento del ICO actúa para dotar de liquidez a sus líneas y poder financiar a través de las entidades financieras.
• En segundo lugar, en términos de consumo de recursos propios, la medida del Real Decreto-ley 8/2020 sobre los avales tiene como objetivo que el Estado asuma un riesgo significativo en las operaciones de financiación para que las entidades tengan que dotar mucho menos capital en las operaciones que conceden.
• En tercer lugar, las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo en materia de normativa contable de dotación de provisiones, están orientadas a tratar de reducir el impacto en provisiones y, por lo tanto, el impacto en la cuenta de resultados de las operaciones a las que se tenga que enfrentar la banca.

• Un 50% a pymes y autónomos, estableciendo un porcentaje de cobertura o aval máximos del 80%, sin discriminar entre nueva concesión de crédito o refinanciaciones.
• El otro 50% se destina al resto de empresas, en el que los porcentajes de cobertura se reducen, diferenciando entre nueva concesión, que se avala hasta un 70%, y refinanciaciones, hasta un 60%.

• Es la entidad quien decide en función de su política de riesgos y procedimientos internos la concesión o no de los préstamos.
• Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta el aval y la cobertura.
• Las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta el 30 de septiembre de 2020 los límites de las líneas de circulantes concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
• Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de gestión de riesgos estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad.
• Las entidades tendrán que justificar el traspaso de los beneficios de estas líneas a las empresas avaladas.

Artículo realizado por Caja Rural de Soria, en colaboración con Afi.