La situación de crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias que han tenido impacto tanto sobre las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, como sobre los trabajadores y sus familias. El efecto económico de esta crisis se ha hecho notar en la inmensa mayoría de los sectores que componen el tejido productivo, si bien estos efectos se han manifestado de forma diferencial entre ramas de actividad y territorios.
El Gobierno de Castilla y León, junto con los agentes sociales y partidos políticos con representación en las Cortes de la región, han trabajado para articular una serie de iniciativas, como el “Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19”, que también fueron recogidas en el Decreto-Ley 2/2020 , de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, o el “Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social” en la Comunidad .
El punto 25 de dicho Pacto alienta a establecer un Plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis COVID-19 , con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Este Plan se articula en seis grandes áreas, que se desarrollan en un total de 27 actuaciones, y que movilizarán más de 82 millones de euros en el periodo 2020 - 2021.
Medidas destinadas al fomento del empleo y de la actividad económica
La primera área de actuación del Plan de choque se centra en el fomento de la contratación, y está dotada con 20,4 millones de euros. Se divide a su vez en dos programas o líneas:
• “Empleo local – COVEL”, con un presupuesto de 20 millones de euros, para incentivar la contratación de desempleados, preferentemente de aquellos colectivos considerados prioritarios: mujeres sin educación superior, desempleados entre 35 y 45 años con cargas familiares y parados de larga duración. Se encargarán de la gestión de estos fondos las 9 Diputaciones Provinciales y los 16 municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León.
La segunda área de actuación se configura como un programa de ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, compuesto por cinco líneas y con un presupuesto de 18,5 millones de euros. Las dos primeras líneas están destinadas directamente a los trabajadores afectados por un ERTE (5 millones de euros de presupuesto) y a los parados mayores de 55 años (2 millones).
Los ERTE han sido unas de las principales políticas de protección del empleo durante estos meses, teniendo como objetivo frenar la destrucción de empleo como consecuencia de la menor actividad económica. Desde el surgimiento de la pandemia, las empresas castellanoleonesas han solicitado más de 33.000 ERTE, que han afectado a más de 204.000 trabajadores, lo que representa más del 22% del número de afiliados a la Seguridad Social en la región en 2019.
El desigual impacto de la crisis entre territorios, también se ha trasladado a los diferentes grupos de trabajadores. No en vano, las políticas laborales y económicas tienen como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables. Uno de los colectivos destacados en las líneas del “Plan de choque” es el de los parados mayores de 55 años, para los cuales la probabilidad de encontrar un empleo es menor, en comparación con otros grupos de edad.
Gráfico 1. Solicitudes de ERTE y trabajadores afectados (eje izqdo.) y peso sobre el total de afiliados (eje dcho.) por provincia, a 3 de diciembre de 2020
La tercera área de actuación está compuesta íntegramente por programas de ayudas de carácter sectorial y territorial para reactivar la actividad económica, con una dotación de 14,7 millones de euros. Dentro de la misma se encuentran programas destinados a reactivar y fomentar el consumo, a través de campañas de dinamización llevadas a cabo por las entidades locales de Castilla y León (2,4 millones), subvenciones para favorecer la recuperación de la actividad (200.000 euros), así como actividades de promoción ferial (850.000 euros).
En este sentido, el “Plan de choque” contempla ayudas al sector de la hostelería para fomentar la actividad a través de la adecuación de espacios seguros para los clientes, mediante cerramientos de terrazas y mobiliario como estufas, cortavientos y mamparas (5 millones), así como ayudas al sector turístico para la reactivación de la demanda (2 millones).
Por su parte, la cuarta área se centra en la formación y transformación digital de los trabajadores y empresas, con un presupuesto de algo más de 10,3 millones de euros.
El “Plan de choque” se alinea, por lo tanto, con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, donde la transformación digital cuenta con gran relevancia, tal como se indicó en el monográfico publicado por Caja Rural de Soria el pasado noviembre . Así mismo, dicho monográfico indicaba como una medida prioritaria la adaptación del sistema educativo para reforzar las competencias digitales en todos los niveles educativos, dado el potencial impacto directo en la capacidad competitiva a largo plazo del conjunto de sectores productivos de la provincia de Soria.
El impulso de la digitalización y el comercio electrónico en las pymes, para favorecer el desarrollo de su negocio y su capacidad competitiva, es un eje clave, como también se puso de manifiesto en dicho monográfico de Caja Rural de Soria. En este sentido, cabe destacar que la cercanía e identificación con el territorio prevalecen en el modelo digital de Caja Rural de Soria, motivo por el cual se encuentra desarrollando el Programa de Estrategia Digital , que tiene como objetivo llevar la innovación y la tecnología al centro del negocio. El plan contempla siete grandes líneas de trabajo: renovación de activos digitales; contrataciones y cobertura funcional; nuevos canales de interacción; nuevas propuestas de valor; potenciación de la cultura digital; business intelligence y marketing digital. En este sentido, la cercanía e identificación con el territorio prevalecen en el modelo digital de Caja Rural.
La crisis ha traído consigo graves consecuencias para varios sectores económicos, especialmente aquellos servicios vinculados al consumo local que se han visto afectados por las medidas de restricción de la actividad. En este sentido, la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de los sectores más perjudicados (hostelería, comercio, turismo) la quinta área de actuación del Plan, destinada a la financiación, con un presupuesto de 18,4 millones de euros, que gestionará el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.
El objetivo de las líneas de financiación es sostener la actividad de los sectores más afectados, aportando liquidez, incluso para situaciones de pérdida parcial o casi total de la posibilidad de ingresos por medidas vinculadas a confinamientos, o la pérdida de actividad por restricciones de movilidad. También se contemplan subvenciones para la adaptación de las infraestructuras de los locales y hoteles para generar más seguridad en el espacio abierto al público.
Tabla 1. Áreas y líneas de actuación del Plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis del COVID-19 en Castilla y León
Análisis realizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para Caja Rural de Soria. Dirección técnica: Diego Vizcaíno (Afi). Analistas: Rosa Oliveros (Afi). Coordinación: Eduardo Munilla (Caja Rural de Soria).
La situación de crisis generada por la pandemia ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias con impacto sobre las pymes, los trabajadores y sus familias.
“PLAN DE CHOQUE” PARA LOS TRABAJADORES Y EMPRESAS SORIANOS AFECTADOS POR LA COVID-19 | NOTICIA CRS 20201210