El 1 de junio de 2018 la Comisión Europea presentó las propuestas legislativas sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) que tienen por objetivo adaptar la misma a los nuevos desafíos. Esta propuesta plantea un recorte (a precios corrientes) de los pagos directos del 3,5% para España y de un 15% para desarrollo rural.

La propuesta debe ser primero debatida y negociada por los Estados Miembros, y requiere que los países den luz verde al presupuesto europeo. España, ha pedido que la PAC no recorte “ni un euro” del presupuesto asignado actualmente a esta política y está dispuesta, junto con otros 18 países, a realizar un aporte presupuestario mayor. En cambio hay 8 países que no están dispuestos a hacer este aporte suplementario.

 

¿Para qué hacer esta nueva reforma? Para hacer frente a los nuevos desafíos como el incremento de la población mundial, producir más con menos recursos, preservar el medioambiente y luchar contra el cambio climático y pretende dar mayor flexibilidad a los países a la hora de financiación con el compromiso de modernizar y simplificar la PAC, aportando una auténtica subsidiariedad para los Estados miembros, garantizando un sector agrícola europeo más resiliente, y elevando las exigencias en materia climática y medioambiental.

 

Y para responder a estos desafíos, contempla nueve objetivos que son: apoyar una renta agraria justa, mejorar la competitividad y orientación al mercado, mejorar la posición del agricultor en la cadena alimentaria, luchar contra el cambio climático, fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, proteger la biodiversidad, apoyar la renovación generacional, promover el empleo y el crecimiento en zonas rurales, y garantizar una gran calidad de los alimentos.